Nota Importante:
Con esta contratación el Inpec le otorgó a todos los reclusos la insólita facilidad de establecer a cualquier hora una comunicación telefónica con cualquier persona en cualquier parte del mundo, sin ninguna restricción de tiempo y sin ninguna posibilidad de que la llamada pueda ser intervenida o monitoreada por las autoridades competentes. Es decir, permitió que los reclusos que pueden asumir el costo de las llamadas, sigan manejando tranquila e impunemente sus negocios (Normalmente ilegales) desde los establecimientos penitenciarios a cargo del Inpec. Semejante comodidad NO existe en ningún otro establecimiento penitenciario del mundo.

Sin embargo, en la reforma al Código Penitenciario del gobierno de Juan Manuel Santos, esa aberrante libertad de comunicación se amplió aún más en beneficio especialmente de narcotraficantes y políticos, que son quienes pueden pagar las muy elevadas tarifas de los revendedores de tarjetas prepago favorecidos en la contratación.

La gran mayoría de los reclusos no tiene acceso a semejante libertad y comodidad y a duras penas puede pagar ocasionalmente una corta llamada. De hecho, cerca del 30% de la población carcelaria jamás llama simplemente porque sufre de pobreza aguda. Nunca el gobierno de turno ni el Inpec le han reconocido a los reclusos su derecho a la comunicación, permitiéndoles llamadas GRATIS controladas y periódicas tal como exigen las mismas normas nacionales y la comunidad internacional.